Horacio Erik Avilés Martínez*
Hay decisiones que revelan, con una claridad desgarradora, cuáles son las prioridades reales de quienes gobiernan. El 7 de mayo de 2026, en el marco de la LXVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, los secretarios de educación del país votaron de manera unánime para recortar el ciclo escolar 2025-2026 y adelantar el fin de clases al 5 de junio, cuando el calendario lo tenía programado para el 15 de julio. La diferencia entre ambas fechas arroja cuarenta días naturales y veinticinco días hábiles de clase que dejarán de impartirse en el país que ocupa los últimos lugares en aprovechamiento educativo entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Treinta y dos funcionarios, responsables de la educación de millones de estudiantes, decidieron en bloque que el tiempo de aprendizaje de esos niños y jóvenes es un recurso negociable. Ninguno elevó la voz. Ninguno defendió el marco legal que están obligados a hacer cumplir. El Artículo 87 de la Ley General de Educación establece con toda precisión que el ciclo escolar tendrá una duración mínima de ciento ochenta y cinco días efectivos de clase. El acuerdo del 7 de mayo viola ese mandato de manera abierta, con voto firmado, en una sala llena de las personas que deberían protegerlo.
Para comprender la magnitud de lo ocurrido ese día, es necesario mirar el ciclo 2025-2026 con honestidad desde su inicio. Michoacán, como otros estados de la República, llegó a este ciclo cargando las secuelas de tres años escolares previos también incompletos. La pandemia por COVID-19 dejó pérdidas de aprendizaje que, de acuerdo con todos los organismos especializados, siguen sin recuperarse plenamente, en especial entre los estudiantes que tenían menos oportunidades antes de que el virus cerrara las escuelas. Sobre esa base frágil, el presente ciclo acumuló nuevas interrupciones: paros magisteriales en varias entidades, suspensiones por inseguridad en comunidades de Michoacán y afectaciones recurrentes por calor extremo en planteles sin ventilación adecuada.
Cada una de esas interrupciones tuvo su justificación particular. Cada una fue presentada como una excepción inevitable. Sin embargo, la suma de excepciones produce un resultado que dista mucho de ser excepcional: cuatro ciclos escolares consecutivos incompletos. Cuatro años en que los estudiantes michoacanos recibieron menos educación de la que la ley garantiza, menos de la que los sistemas educativos de referencia consideran aceptable y menos de la que su propio rezago histórico demanda urgentemente. De acuerdo con la OCDE, el promedio de duración del ciclo escolar entre sus países miembros es de ciento ochenta y seis días. Con la decisión del 7 de mayo, México podría cerrar el ciclo 2025-2026 con apenas ciento cincuenta y siete días efectivos, en el mejor de los escenarios.
La versión oficial ofreció dos argumentos: las olas de calor previstas para junio y julio, y las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 que México coorganiza. Ambos, examinados con atención, resultan insuficientes para explicar una medida de alcance nacional. Sobre el calor, los veranos anteriores registraron temperaturas igualmente alarmantes y el sistema educativo respondió con protocolos diferenciados, que incluyeron ajustes de horario en los planteles más afectados, sin cancelar el ciclo para todo el país. El Mundial de 2026, por su parte, fue anunciado hace casi una década: el inicio del torneo, el 11 de junio era una fecha pública desde hace años.
La respuesta más plausible tiene que ver con los eventos de los meses previos: operativos de seguridad contra líderes del crimen organizado, tensiones diplomáticas y el riesgo de que las sedes mexicanas del torneo pudieran ser retiradas. En ese contexto, la decisión de adelantar el fin del ciclo adquiere una lógica diferente: se trata, fundamentalmente, de una operación de control del espacio público durante las semanas más críticas del torneo. Lo que en términos de política de seguridad se llama desplazamiento preventivo se presentó como consideración climática y deportiva. Las consecuencias, sin embargo, las pagan los estudiantes con tiempo de aprendizaje que les corresponde por derecho.
Las interrupciones del ciclo escolar afectan a todos los estudiantes, pero de manera profundamente desigual. Las familias con mayores recursos económicos tienen la capacidad de mantener a sus hijos en procesos de aprendizaje activo durante las vacaciones: clases particulares, actividades culturales, plataformas digitales educativas. Las familias con menores recursos carecen de esas opciones. Sus hijos descansan y en muchos casos olvidan lo que habían aprendido, en especial en habilidades fundamentales como la lectura y las matemáticas. Veinticinco días adicionales de vacaciones son, para los estudiantes en situación de pobreza, un periodo en que la brecha entre ellos y sus pares con mayores oportunidades se ensancha. Los datos que la OCDE ha publicado sobre el impacto educativo de la pandemia en México son contundentes: los estudiantes más pobres perdieron más, recuperaron menos y siguen acusando el impacto varios años después.
Quizás el aspecto más perturbador de todo lo ocurrido es la rapidez con que esta decisión podría normalizarse. En esta ocasión, la SEP anunció que del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes antes del inicio del ciclo 2026-2027. Sin embargo, comprimir en diez días hábiles el contenido de veinticinco días perdidos es pedagógicamente inviable. Esas semanas de agosto carecen de diseño metodológico público, de una evaluación diagnóstica que determine qué necesita reforzarse y en qué medida, y se realizarán en el periodo de transición entre ciclos. Y en esa distancia entre el discurso y la realidad se consuma, una vez más, la traición al derecho a aprender de millones de niñas, niños y jóvenes.
Sin embargo, entre el momento en que se tomó una mala decisión y el momento en que sus consecuencias se vuelven irreversibles existe un espacio de acción que las autoridades, los maestros, las familias y la sociedad civil podemos y debemos ocupar. Todavía estamos a tiempo de evitar que esta reducción del calendario suceda y profundice aún más la desigualdad educativa.
La Secretaría de Educación de Michoacán debe explorar con urgencia la posibilidad de que las escuelas con condiciones adecuadas mantengan actividades hasta la fecha más cercana posible al 15 de julio, y debe emitir esta semana lineamientos claros que indiquen a maestros y directivos cómo priorizar contenidos y documentar el nivel de avance de cada estudiante. Los maestros son el factor más importante en cualquier proceso de recuperación educativa: la autoridad estatal debe brindarles materiales específicos, criterios claros de evaluación y acompañamiento activo de supervisores.
La Secretaría debe presentar públicamente, antes del 5 de junio, el diseño detallado de las semanas de agosto: qué se trabajará, con qué materiales, cómo se identificará a los estudiantes en mayor rezago y quién rendirá cuentas de los resultados. Las escuelas en contextos de alta marginación deben recibir apoyo adicional en forma de materiales para el verano, tutores comunitarios y herramientas de aprendizaje autónomo, para aminorar el impacto sobre quienes menos recursos tienen.
La dimensión legal importa: el acuerdo del 7 de mayo viola de manera explícita el mandato de ciento ochenta y cinco días efectivos de clase. La Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben documentar esta violación y sus consecuencias sobre el derecho a la educación de millones de estudiantes. La impunidad frente a la violación de derechos educativos es parte del problema que hace posible que esas violaciones se repitan. El poder legislativo tiene la responsabilidad de garantizar que el calendario escolar deje de ser un recurso negociable en manos del Ejecutivo, con una reforma que restrinja su modificación a emergencias sanitarias formalmente declaradas o a desastres naturales que afecten de manera comprobable la seguridad física de estudiantes y docentes. Un Mundial de Fútbol queda fuera de esos supuestos.
Las madres y los padres de familia tienen el derecho de exigir que las autoridades escolares expliquen con precisión cómo se compensarán los aprendizajes que sus hijos recibirán en menor medida durante este ciclo. Los legisladores michoacanos tienen la facultad de exigir explicación formal sobre la base legal de la modificación del calendario y sobre los mecanismos concretos de compensación. Los medios de comunicación tienen el papel de dar seguimiento riguroso a lo que ocurra durante las semanas de reforzamiento de agosto: cuántos estudiantes asistieron, qué contenidos se trabajaron, qué resultados se obtuvieron. Y la ciudadanía en general, cuando vea los partidos del Mundial en junio, debería recordar que ese torneo costó semanas de aprendizaje a millones de niños y niñas que ya estaban en desventaja.
El Mundial termina en julio. Los turistas se van, pero el rezago educativo que se profundizó durante estas semanas permanecerá durante años en las trayectorias escolares de los estudiantes más vulnerables, en sus calificaciones, en sus probabilidades de terminar la secundaria, en sus oportunidades de acceder a la educación superior y al mercado laboral. Ese es el verdadero costo de la decisión del 7 de mayo. Y ese costo lo pagarán niñas, niños y jóvenes con nombres y apellidos, que hoy son niños y niñas en las escuelas de Michoacán. Existe una tendencia peligrosa en la discusión pública sobre educación en México que consiste en aceptar con resignación cada nuevo retroceso porque siempre hay una razón que lo justifica en apariencia. La acumulación de razones, reales o construidas, ha producido un patrón en el que el tiempo escolar cede sistemáticamente ante otras prioridades, y ese patrón tiene costos que se miden en generaciones.
México está en deuda con sus estudiantes. Una deuda de días, de semanas, de años de aprendizaje que les fueron prometidos y que cedieron ante el Mundial de Fútbol, ante la pandemia sin un plan de recuperación serio, ante los paros magisteriales, ante el calor. Todavía estamos a tiempo de reducir ese costo, pero quienes tienen la responsabilidad de actuar deben destinar recursos y poseer la convicción de que cada día de clases cuenta. Desde Mexicanos Primero Michoacán seguiremos documentando, exigiendo y proponiendo, más allá de que quienes debían proteger el derecho a aprender de nuestros niños y niñas decidan proteger la comodidad del Mundial.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
